La Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales para la Discapacidad del Congreso de los aprobó este martes por unanimidad la proposición de Ley de modificación del Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, para regular y establecer la accesibilidad cognitiva y sus condiciones de exigencia y aplicación.
En el informe de ponencia que hoy salió adelante con el apoyo de todos los grupos se incluyeron varias enmiendas transaccionales propuestas por el PSOE y Unidas Podemos, que respaldó una amplia mayoría de la Cámara. Dado que la comisión tiene potestad legislativa plena, la reforma volverá ahora al Senado, donde se tramitará en segunda lectura.
La modificación aprobada hoy modifica el texto refundido del Real Decreto Legislativo 1/2013 sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con el objetivo de recoger de forma expresa el derecho de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo a acceder a la información y al conocimiento de su entorno, de cara a hacer posible su inclusión y participación social.
Promovida por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), esta proposición de ley fue tomada en consideración hace meses por el Senado con consenso, desde donde pasó al Congreso, para continuar su tramitación parlamentaria.
Esta reforma define la accesibilidad cognitiva dentro del marco general de accesibilidad universal; establece los ámbitos, condiciones y plazos en los que será exigible; prevé la creación del Centro de Referencia Estatal de Accesibilidad Cognitiva; incluirá esta nueva dimensión en el Plan Nacional de Accesibilidad, y habilitará al Gobierno para abordar distintos desarrollos reglamentarios en la materia, entre otras cuestiones.
En su intervención, la diputada de Ciudadanos –grupo impulsor de la iniciativa en el Senado— Sara Giménez destacó la importancia de la accesibilidad cognitiva y de la lectura fácil “como llave de acceso de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo a otros derechos, tales como la educación, el empleo o la salud”. De ahí la necesidad de regular ambas de forma expresa en la ley general, y se felicitó por “el consenso finalmente alcanzado”.
Asimismo, resaltó el amplio número de beneficiarios de esta reforma, que facilitará la comprensión y la comunicación también a las personas mayores, con discapacidad psicosocial, inmigrantes y muchas otras con problemas de comprensión.
Los diputados Genís Boadella (CUP) e Íñigo Barandiaran (PNV) subrayaron, por su parte, que “la accesibilidad cognitiva no resulta tan evidente”, pero es fundamental para que “las personas puedan entender un informe médico, realizar su trabajo o no perderse en un edificio como el Congreso”.
Por su parte, la representante del PP, María Carmen Navarro, criticó que las enmiendas introducidas por los grupos del Gobierno “han descafeinado la reforma”, al reemplazar el Plan General de Accesibilidad Cognitiva que mencionaba el primer texto por “un Plan Nacional de Accesibilidad Universal»; establecer un plazo de tiempo más amplio y “diluir la definición de accesibilidad cognitiva”. Sin embargo, “y a petición del propio sector (de la discapacidad) apoyamos la reforma”, subrayó.
La portavoz socialista en la comisión, Fuensanta Lima, defendió en cambio que las enmiendas introducidas “son mejoras técnicas” que solo pretenden dejar claro que “la accesibilidad cognitiva forma parte del concepto general de la accesibilidad universal”, como una dimensión más.
Para la portavoz en la Comisión de Unidas-Podemos, Marisa Saavedra, la aprobación de esta reforma “supone un paso muy importante” pero “no podemos olvidar que quedan muchos lugares, incluida esta misma Cámara, donde la accesibilidad física, sensorial y cognitiva siguen sin estar garantizadas”. “Sirva este hito como recuerdo, para que sigamos avanzando”.
Saavedra tuvo palabras de agradecimiento para el presidente de Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, presente en la comisión; la confederación Plena inclusión España; Salud Mental España; Fedace; Autismo España; Ceafa, y el resto de entidades que “han colaborado en la elaboración de esta norma”.
Fuente: SERVIMEDIA
