La Fundación CERMI Mujeres (FCM) ha denunciado que la interpretación de ciertos conceptos jurídicos en los procesos penales impacta “negativamente” en los derechos de las mujeres con discapacidad y ha exigido que se tengan en cuenta sus necesidades ya que, en muchas ocasiones, no solo no les protegen, sino que aumentan su vulnerabilidad
Así se ha manifestado durante la celebración de la XXX edición del webinario ‘No estás sola’, que ha tratado sobre los conceptos jurídicos con relevancia para las mujeres con discapacidad en el proceso penal y que ha contado con un panel de personas expertas en la materia.
En concreto, se han tratado términos como los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, el consentimiento sexual, la declaración de inimputabilidad, algunos conceptos jurídicos indeterminados, así como las novedades legislativas en la protección de niñas y jóvenes con discapacidad contra la violencia.
En relación a los delitos contra la libertad e indemnidad sexual y al concepto de consentimiento sexual, la vocal del Consejo General del Poder Judicial de España, Pilar Sepúlveda, ha explicado la diferencia entre agresión sexual y abuso sexual, relacionándose la primera con el empleo de violencia o intimidación para conseguir consentimiento y la segunda a aquellos delitos en los que no existe un consentimiento, pero tampoco violencia e intimidación.
En este sentido, se ha congratulado por las modificaciones que conlleva la nueva ley de Protección Integral de la Libertad Sexual, ya que “desaparece el delito de abuso y se unifica con el delito de agresión sexual”. “Todo contacto no consentido se convierte en agresión sexual, que tendrá una pena progresiva en función de si los hechos son más graves o no”, ha afirmado Sepúlveda.
Por su parte, el investigador y abogado senior de la División de Derechos de las Personas con Discapacidad de Human Rights Watch, Carlos Ríos, ha tratado el concepto de inimputabilidad.
De esta manera, ha explicado que se suele declarar inimputables a personas que no reúnen los requisitos suficientes para ser declaradas responsables penalmente de actuaciones que pueden ser típicas y antijurídicas. Así, no se produce un proceso penal con todas las garantías de defensa para someterse a un juicio, sino que “en muchas ocasiones son privadas de su libertad indefinidamente en instituciones, constituyendo una violación estructural de los derechos fundamentales de las mujeres con discapacidad en el ámbito penal”.
