Así lo manifiesta la Fundación CERMI Mujeres en su aportación a la consulta pública previa a la elaboración de este proyecto normativo en la que recoge los principales aspectos a tener en consideración a la hora de abordar esta regulación.
Según la entidad, las mujeres y niñas con discapacidad «no son tenidas en cuenta en las normas estatales que regulan esta cuestión» lo que supone «una negación de protección por igual contra la trata de conformidad con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (meta 5.2)».
En este sentido, desde la Fundación CERMI Mujeres consideran que la «ausencia de datos armonizados, información fiable, actualizada y estandarizada» sobre esta realidad sigue «impidiendo la adopción de legislación y políticas públicas adecuadas que tomen en consideración la situación de miles de mujeres con discapacidad explotadas sexualmente».
Por ello, abogan por que esta futura ley tenga en cuenta el «mayor riesgo al que se enfrentan las mujeres y niñas sometidas a formas múltiples e interrelacionadas de discriminación», en particular las mujeres y niñas en situación de pobreza, que viven en zonas remotas, las mujeres y niñas desplazadas por la fuerza, las migrantes y las mujeres y niñas con discapacidad.
Según la Fundación CERMI Mujeres, las mujeres con discapacidad tienen de dos a cinco veces más probabilidades de sufrir violencia. Además, advierte de que el bajo acceso a la educación y al trabajo, y el alto riesgo de pobreza hacen que las mujeres y niñas con discapacidad sean más propensas a ser blanco de las redes de trata.
En este sentido, hacen hincapié en la «urgencia» de que las víctimas de trata con discapacidad cuenten con un «apoyo de calidad y servicios que sean inclusivos y accesibles», como el acceso a la información sobre sus derechos, servicios médicos, psicológicos, sociales y legales disponibles y cómo acceder a ellos, así como a un alojamiento seguro, accesible y apropiado.
Fuente: EUROPA PRESS
