La Secretaría de Estado Derechos Sociales y Agenda 2030 se ha comprometido ante el Defensor del Pueblo a aprobar con celeridad el Plan Nacional de Prevención e Intensificación de las discapacidades con el fin dar cumplimiento al mandato legal y en consonancia con lo dispuesto en la futura Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030.
Así responde este organismo al Defensor del Pueblo ante una queja del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), tras ocho años de retraso en aprobarlo, después de que se reunieran el Imserso y la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación para desarrollar este plan en 2017.
Tras haber quedado paralizado durante unos años, ahora esta secretaría, a través de la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad, retoma de nuevo las labores de elaboración del I Plan Nacional de Prevención de Deficiencias e Intensificación de Discapacidades 2022-2025.
Así, gracias a la celebración de un contrato con una empresa o entidad especialista, se elaborará un estudio diagnóstico sobre la situación actual de las necesidades en el ámbito de la salud de las personas con discapacidad y sus retos de futuro que partirá de una perspectiva exigente de derechos humanos y con enfoque de género.
Además, se dará apoyo técnico en la redacción del I Plan Nacional de prevención de deficiencias e intensificación de discapacidades 2022-2025 y se presentará una propuesta de borrador final en continua coordinación y bajo supervisión y las directrices dadas por la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad.
