El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este jueves el acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia por el que se autorizan los criterios de reparto y distribución resultante del crédito destinado a las comunidades autónomas y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla para la financiación de obras e intervenciones que aseguren la accesibilidad universal a la vivienda a personas mayores, con discapacidad y/o en situación de dependencia.

El Consejo Territorial aprobó, en su reunión ordinaria de 27 de octubre de 2021, el acuerdo por el que se autoriza este reparto de fondos para la financiación de obras e intervenciones que aseguren la accesibilidad universal.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia establece diez políticas palanca que determinan la evolución futura del país a través de un crecimiento sostenible e inclusivo y contempla la mejora de la accesibilidad universal desde una perspectiva integral.

Se parte del principio básico de este enfoque basado en los derechos sociales para garantizar la igualdad en el acceso a todo tipo de servicios para todas las personas, por lo que una parte de las inversiones se destinarán directamente a reforzar la accesibilidad universal.

En este contexto, incluye la inversión denominada ‘Plan España país accesible’ para mejorar la accesibilidad desde una perspectiva integral. El objetivo es sentar las bases para transformar los entornos, para que sean accesibles a todas las personas sin excepciones.

Los créditos consignados para la actuación ‘España país accesible’ dirigidos a la financiación de obras e intervenciones que aseguren la accesibilidad universal a la vivienda a personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia ascienden a 50 millones de euros y se distribuirán de acuerdo a criterios territoriales y de población.

Estos fondos se destinarán a cumplir la ley, a reparar y a ensanchar derechos y a su ejercicio efectivo, ya que las barreras de accesibilidad en las viviendas tienen “un impacto desfavorable evidente en el bienestar, inclusión y en goce en disfrute de derechos humanos de las personas mayores, las personas con discapacidad y/o las personas en situación de dependencia”, según queda reflejado en la resolución de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales que hoy publica el BOE.

Por ello, estos fondos se orientan a sufragar actuaciones de accesibilidad universal mediante ayudas a particulares y comunidades de vecinos tales como la instalación de ascensores, elevadores, escaleras mecanizadas y/o construcción de rampas u otras construcciones y cualesquiera otras reformas que aseguren el acceso, uso y disfrute de la vivienda, así como a financiar actuaciones de accesibilidad internas a la vivienda mediante ayudas a particulares referidas especialmente a poblaciones rurales en las que residan personas mayores, con discapacidad y/o en situación de dependencia.

Fuente: https://www.servimedia.es/noticias/2148806

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