El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha presentado en el Senado una enmienda por la que se propone la regulación por ley del etiquetado en braille de los productos de consumo, como medio de protección de los consumidores con discapacidad visual que conocen y usan este sistema de lectura y escritura.
Tal y como ha explicado la entidad, esta iniciativa ha sido acogida por los grupos parlamentarios socialistas y de Izquierda Confederal que la llevarán a debate en la Cámara alta dentro de la tramitación de la Ley de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, procedente del decreto sobre este tema.
En concreto, ha indicado CERMI, su intención es incluir esta medida dentro de una nueva disposición adicional sobre «etiquetado inclusivo».
En cuanto al texto final, la entidad ha indicaco que el del PSOE está «inspirado» en la enmienda presentada y que la iniciativa de Izquierda confederal está también redactada en términos similares.
Así, la redacción de los socialistas establece que «el Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley, desarrollará reglamentariamente un etiquetado en alfabeto braille, así como en otros formatos que garanticen la accesibilidad universal, de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida especialmente de las personas ciegas y con discapacidad visual como personas consumidoras vulnerables.
Desde el CERMI recuerdan que «España carece hasta ahora con carácter general de normativa sobre etiquetado en braille de productos de consumo», lo que, según ha explicado «debilita enormemente la protección como consumidores y usuarios de las personas con discapacidad visual».
En este sentido, apunta que solo en el ámbito de los medicamentos, humanos y veterinarios, y por imperativo de la Unión Europea, los envases han de contener determinada información básica rotulada en braille. «En el resto, no hay obligación por el momento y está al albur de las decisiones de los fabricantes y operadores económicos, que apenas prestan atención a esta demanda social», ha apuntado.