El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha pedido al Senado la mejora de la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación en relación con las personas con discapacidad.
Así lo ha planteado en un documento de propuestas de enmiendas, enviado a los grupos parlamentarios del Senado, en el que aseguran que, si bien España “dispone de marcos legales sectoriales de no discriminación, como el vigente para las personas con discapacidad, establecido en la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, de 2013, carece de una regulación integral, de carácter genérico que apoye y fortalezca las respuestas normativas específicas”.
En este sentido, el movimiento social de la discapacidad lleva años reclamando que haya “un marco general de igualdad de trato y no discriminación, que garantice transversalmente los derechos de todas las personas y en especial de aquellas integradas en grupos sociales singularizados más expuestas a conductas discriminatorias”.
Asimismo, una de las enmiendas propuestas propone añadir un nuevo numeral, el 5 junto con un cambio en la redacción del artículo 2 de la Proposición de Ley. Desde CERMI advierten que “es preciso delimitar las reglas de aplicación de unos y otros, rigiendo el principio de especialidad y otorgando a la nueva regulación en curso el carácter de supletoriedad para lo no regulado o lo que sea más favorable”.
Por otro lado, se plantea también la necesidad de acometer una reforma normativa para otorgar efectividad en el Derecho Interno español a las decisiones de órganos de seguimiento de Tratados Internacionales de Derechos Humanos, como puede ser la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
De igual modo, se propone a la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación acometer “un informe amplio e integral sobre aspectos contrarios a la igualdad de trato o discriminatorios que puedan pervivir en las disposiciones normativas de rango legal o reglamentario vigentes en los ámbitos competenciales del Estado, así como de las prácticas administrativas que persistan que se acrediten como incompatibles con el objeto de esta Ley”.
En esta misma línea, el CERMI sugiere la aprobación de “un plan Estatal de Algoritmos Inclusivos y Sociales, que promueva el respeto y la consideración positiva de la diversidad social y humana en el desarrollo y aplicación de la inteligencia artificial y prevenga e impida sesgos que puedan comportar discriminaciones o tratos desiguales prohibidos por la Ley”.
Por último, el CERMI propone añadir un párrafo en el que se especifique que en el caso de aquellas Comunidades Autónomas en las que aún no se haya regulado el régimen de infracciones y sanciones en esta materia, sea de aplicación supletoriamente lo establecido en el régimen legal estatal. De esta forma, se evita la indefensión ante las conductas que vulneran esta Ley, y la desprotección de las personas con discapacidad sometidas a violaciones de sus derechos.
