El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) plantea “al Gobierno y al legislador” la reforma urgente de la Ley de Desindexación “para atajar los estragos que está causando en los servicios prestados por entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro”.
Así se puso de manifiesto en la sesión de trabajo de la Red de Gerentes del Cermi celebrada este martes de forma telemática, que reunió a los responsables de la gestión del ecosistema Cermi. El informe sobre “los efectos dañinos de la Ley de Desindexación en el sector social”, base para pedir su modificación, fue presentado por la directora ejecutiva del Cermi Estatal, Pilar Villarino, quien informó del inicio de una campaña de incidencia política dirigida a cambiar la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de Desindexación de la Economía Española, ya que “su impacto es muy negativo para la sostenibilidad de los servicios prestados por el Tercer Sector de Acción Social”.
Por su parte, la gerente de FIAPAS, Raquel Prieto, lamentó la situación creada por esta regulación legal e hizo hincapié en la importancia de la negociación con las administraciones para atenuar estos efectos hasta se consiga cambiar la Ley de Desindexación y “hacerla favorable” al Tercer Sector de Acción Social.
