El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) se ha manifestado favorable a una Ley estatal de Garantía de Derechos y Servicios Sociales que tenga en consideración un modelo social basado en el pleno ejercicio de los derechos sociales y la defensa de unas condiciones de vida dignas para todas las personas.
Así lo ha hecho saber la plataforma de la discapacidad a través de un documento en el que muestra sus aportaciones a la consulta pública previa sobre Proyecto de Ley de Servicios Social. Desde CERMI, propugnan una Ley Estatal de Garantía de Derechos y Servicios Sociales, aclarando que “cualquier reflexión sobre el nuevo modelo social debe realizarse en clave europea”.
El movimiento social de la discapacidad pide el reconocimiento de nuevos derechos sociales, que tengan la consideración y el rango de “genuinos derechos, con las notas típicas de universalidad, carácter vinculante, exigibilidad, calidad y gratuidad”. Se trata de un objetivo estratégico de CERMI para permitir la coexistencia de una Ley Estatal de Garantía de Derechos y Servicios Sociales con las Leyes de Servicios Sociales de segunda y tercera generación, que según CERMI, deben dotarse cada una de las Comunidades Autónomas.
De hecho, tal y como asegura, al hablar de reconocimiento y garantía de derechos sociales, se debe tener presente “las nuevas necesidades sociales surgidas del nuevo modelo de convivencia a las que se debe dar asiento a través de un gran sistema de apoyos sociales, definido y garantizado en última instancia por el Estado”.
De esta manera, el CERMI formula algunas consideraciones que, a su juicio, deben reunir la Ley Estatal de Garantía de Derechos y Servicios Sociales para dejar atrás la laguna de desprotección social que sufre España.
Entre ellas, hace referencia a “un sistema integral de reconocimiento y garantía de servicios sociales garantista, sostenible, armónico y respetuoso con el marco competencial de partida”. En definitiva, una Ley estatal que recoja “condiciones mínimas y básicas que garanticen la igualdad de derechos”.
En este sentido, CERMI insiste en que cualquier iniciativa desarrollada en el ámbito de los Servicios Sociales debería tomarse “teniendo en consideración las fuerzas y los procesos de coordinación en juego actualmente a escala europea”.
Por último, el CERMI observa un gran problema de financiación y alude como posible solución “la necesidad de seguir realizando debates y análisis que “permitan sensibilizar y tomar conciencia sobre la importancia de los derechos sociales”.
