El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI Estatal) ha trasladado al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital sus propuestas para luchar contra la exclusión financiera de las personas con discapacidad, con el fin de que se incorporen al Anteproyecto de Ley para crear la Autoridad de Protección al Cliente Financiero, en preparación por el Gobierno en este momento.
El movimiento social de la discapacidad articulado en torno al CERMI, en el marco de su estrategia de consumo inclusivo, ha elaborado un documento de propuestas de enmiendas dirigido a reivindicar que la legislación en curso de redacción garantice la inclusión financiera a través de un protocolo de atención a personas con discapacidad. El objetivo es mejorar la protección de este grupo ciudadano en su condición de consumidoras de servicios financieros.
Así, el CERMI ha propuesto este documento propositivo teniendo como base La reciente Ley 4/2022 de 25 de febrero de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, entre las que se encuentran las personas con discapacidad. De esta manera, se favorece la inclusión financiera de las personas más vulnerables.
El documento confeccionado por el CERMI plantea un repertorio de propuestas al texto del Anteproyecto de Ley, que propugnan soluciones en torno a la consideración específica hacia la persona con discapacidad como consumidora vulnerable como grupo de atención preferente, la garantía de accesibilidad universal como elemento transversal de la futura Ley, el protocolo de atención a las personas con discapacidad, el acceso a datos, códigos de auto regulación, formación financiera, el papel de las organizaciones de personas con discapacidad y el régimen sancionador.
Junto con las personas mayores, las personas con discapacidad son uno de los grupos que más sufren los efectos de la exclusión financiera, por lo que deben ser un segmento de consumidores de especial protección.
