Todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, excepto Vox, respaldaron este martes el proyecto de Ley por el que se reforma la Legislación Civil y Procesal para el apoyo a las Personas con Discapacidad en el ejercicio de su Capacidad Jurídica, que fue aprobado con 31 votos a favor, cinco abstenciones y ningún voto en contra en la Comisión de Justicia de la Cámara Baja.

El texto ha incorporado cuatro enmiendas transaccionales referidas a aspectos técnicos y otras tres más a propósito de la exposición de motivos y de sendos artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Dado que la Comisión de Justicia tiene capacidad legislativa plena en este asunto, la aprobación del proyecto de ley significa que este pasa de forma inmediata al Senado (sin tener que ser ratificada por el Pleno), donde continuará su trámite parlamentario.

Impulsado por el Comité Español de representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), este acaba con la distinción entre capacidad de obrar y capacidad jurídica, Y establece la imposibilidad de anular esta última. Suprime, por tanto, las figuras de la tutela y de la patria potestad prorrogada y, en su lugar, introduce la obligación por parte de los poderes públicos de prestar los apoyos individualizados que cada persona necesite para poder tomar sus decisiones de forma libre, autónoma e informada.

El objetivo de esta reforma, que afecta a siete leyes del Derecho privado, es adaptar el ordenamiento jurídico español al espíritu de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en su artículo 12 reconoce la igual capacidad jurídica de este colectivo y prohíbe su discriminación.

Afecta al Código Civil, la Ley del Notariado, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley Hipotecaria, la de Sucesiones, la del Registro Civil y la Ley de Patrimonio y, entre otros aspectos, permitirá que las personas que antes estaban incapacitadas por razón de discapacidad puedan casarse, adquirir una vivienda, vender un bien privado o hacer testamento. Siempre con la garantía de que recibirán los apoyos (técnicos y humanos) que precisen para el ejercicio de esta potestad. Representantes del Cermi, ONCE, Plena inclusión, Autismo España, Salud Mental España, Fedace y Aspace asistieron a la sesión parlamentaria.

Fuente: https://www.servimedia.es/noticias/1762178

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