El Congreso de los Diputados pidió este martes “proteger” y “preservar” las lenguas de signos españolas como requisito imprescindible para hacer efectivo el derecho de las personas sordas o con discapacidad auditiva a una vida plena, digna y autónoma
Lo hizo en una declaración institucional aprobada por el Pleno y leída al finalizar la sesión de este martes con motivo de la celebración del Día de las Lenguas de Signos Españolas, para expresar su reconocimiento y apoyo a las mismas, y su compromiso para promoverlas como “herramienta fundamental” para el ejercicio de los derechos y deberes de estas personas y garante de su participación igualitaria en la vida democrática.
El Congreso reafirmó su compromiso político y social con estas personas y reivindicó la presencia de estas lenguas en las políticas públicas. Las definió como el resultado de un proceso de mutua interacción entre la biología y la cultura, un “gran exponente” de la capacidad creativa y de adaptación.
Son una “expresión de riqueza cultural” que debe ser salvaguardada mediante la acción política decidida para facilitar su uso en todas las esferas del ámbito público y privado.
La Cámara considera que estas lenguas gozan de un importante reconocimiento en la Ley, con la que la sociedad y las instituciones se comprometieron a promover y garantizar su libre uso en todos los ámbitos.
La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada por la ONU y ratificada por España reconoce el derecho de las personas sordas a su identidad lingüística y cultural. Viven en una sociedad mayoritariamente oyente, subraya el Congreso, y se enfrentan por ello a barreras de comunicación y de acceso a la información que en muchos casos son invisibles.
Por todo ello, el Congreso celebra los avances en esta materia y reafirma su compromiso con la necesaria “protección y preservación” de estas lenguas por parte de los poderes públicos para que los derechos de estas personas sean efectivos, y expresa su convencimiento sobre la necesidad de alcanzar la accesibilidad universal para reducir barreras físicas, sensoriales o cognitivos y hacer efectivo el derecho de todas las personas con discapacidad a una vida “plena, digna autónoma”.
