“El coronavirus ha aflorado la solidaridad y ha reconocido el valor de los servicios públicos como la sanidad, pero es cierto que también ha puesto en riesgo los derechos humanos de las personas en situación de vulnerabilidad, como es el caso de las personas con discapacidad”. Así lo afirma la Fiscal de Sala de Protección de Personas con Discapacidad y Personas Mayores, María José Segarra. En una entrevista publicada en el boletín ‘Cermi.es semanal’, en la que insiste que “estamos viviendo una crisis sin precedentes que ha sometido a una tensión extrema los principios inspiradores del discurso de derechos humanos”.
Además, indica, que esta situación “ha puesto de relieve la necesidad de un modelo más previsor de la atención sanitaria de nuestros mayores y personas con discapacidad en recursos residenciales”. Así como, la supervisión de la situación en estos centros por parte de los fiscales está contribuyendo a velar por los derechos de sus residentes, para lo que, asegura, “ofreceremos nuestro trabajo para colaborar en el diseño de las mejoras, sin duda necesarias, en el modelo existente”.
María José Segarra –quien ocupa este nuevo cargo desde hace dos meses- afirma que la creación de la plaza de Fiscal de Sala coordinador de los servicios especializados en la protección de las personas con discapacidad y atención a los mayores, supone “un impulso” para esta especialidad, sobre todo, “en un momento tan prometedor como este, en el que la inclusión y el acceso a la justicia forman parte de los objetivos de desarrollo sostenible de ONU (ODS 16) para la agenda 2030: un objetivo mundial en el que todos, el Ministerio Fiscal incluido, estamos comprometidos”.
La información al completo se puede encontrar en el siguiente enlace: http://semanal.cermi.es/boletin/1144.aspx?pre=1
