El Defensor del Pueblo lamenta en un último informe anual “los notables retrasos que se producen en la tramitación de las valoraciones de discapacidad, que conllevan graves prejuicios para los ciudadanos” al impedirles acceder a “ciertos derechos y prestaciones”.
En su informe anual de 2021, que este viernes entregó el defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, destaca que “la necesidad de acreditar al menos un grado del 33% de discapacidad para acogerse a algunas medidas de apoyo al empleo, incluso en el caso de las personas que tienen reconocida una incapacitación permanente de la Seguridad Social, hizo incrementar el número de solicitudes”. Por ello, reclam “agilizar el proceso”, pues la carencia de este certificado impide a muchas personas disfrutar de “los servicios y derechos a los que podrían tener acceso en virtud de su situación de discapacidad”.
Según el informe, en 2021 fueron muy numerosas las quejas relacionadas con retrasos en la tramitación de las solicitudes de valoración de la discapacidad presentadas en Asturias, Andalucía, Canarias, Cataluña, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Cantabria y Castilla-La Mancha.
NUEVOS CRITERIOS
Por otro lado, el Defensor urge a revisar y adaptar el baremo de la valoración de la discapacidad a los avances científicos y sociales que se han producido en los últimos años.
En concreto, pide que los criterios de valoración se ajusten a los estándares internacionales de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud fijados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2001 y a la definición legal de discapacidad que propugna la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, a través de la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad, trabaja en la actualización de estos criterios desde hace años y, tras varios retrasos, ha prometido su aprobación definitiva en 2022.
Por otro lado, el informe subraya que durante 2021 se “dio un paso decisivo” en la adecuación del ordenamiento jurídico español a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con la aprobación de la ley por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.
En concreto, esta norma responde Al artículo 12 de la Convención, que prohíbe cualquier tipo de discriminación por razón de discapacidad en el ejercicio de la capacidad jurídica y de obrar e insta a los Estados a “adoptar las medidas pertinentes para garantizar los apoyos que estas personas puedan necesitar” para hacerla efectiva.
