El Defensor del Pueblo ha denunciado que casi el 30 % de los autobuses que operan en las líneas objeto de concesión estatal, los que circulan entre diversas comunidades autónomas, siguen sin ser accesibles para usuarios en silla de ruedas pese a que es algo obligatorio para las nuevas concesiones desde el año 2007.
Por ello, según explica en su Informe Anual de 2022, el Defensor del Pueblo recomendó al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que estudiara la posibilidad de alcanzar acuerdos o compromisos con las empresas concesionarias de servicios de transporte de viajeros por carretera que están operando en virtud de prórroga para facilitar, mientras se renuevan las concesiones, la incorporación a sus flotas de autobuses adaptados, articulando algún sistema de incentivos con esa finalidad.
Según el Defensor, la Recomendación no ha sido aceptada y no se ha comunicado medida alguna para resolver esta situación, que “dilata de hecho la vulneración de los derechos de las personas con movilidad reducida”.
De hecho, la solución pasa por abordar el proceso de renovación de las concesiones caducadas sometidas a prórroga, “situación que debiera ser regularizada por los poderes públicos sin más dilaciones”, sentencia el Defensor.
El Real Decreto 1544/2007 por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad establecía el objetivo de que la totalidad de las líneas cuyo itinerario exceda de una comunidad autónoma permitan el acceso a los autobuses en silla de ruedas.
Aunque dicha norma es obligatoria para los vehículos nuevos que vayan incorporándose al servicio, la limita al ámbito de las concesiones otorgadas con posterioridad a su entrada en vigor, excluyendo las que siguen operando en virtud de la prórroga de contratos anteriores en los que no se recogieron tales compromisos.
Como consecuencia de los retrasos en el proceso de renovación de las concesiones nacionales de transporte de viajeros por carretera (algunas caducadas desde hace más de cinco años), de las 77 líneas de autobús de concesión estatal que operan en la actualidad en España, prácticamente la mitad (36) no están sometidas a la obligación legal de garantizar la accesibilidad a sus vehículos de personas con movilidad reducida, y el transporte de al menos una de ellas en silla de ruedas.
El Defensor señala que pese a que algunas de las empresas con concesiones prorrogadas han incorporado, de forma voluntaria, autobuses adaptados a sus flotas, el problema de la falta de accesibilidad continúa.
