El Gobierno asegura que la futura Ley Integral contra la Trata de Seres Humanos se redactará desde una perspectiva de los derechos humanos e “interseccional”, situando como elemento central a las víctimas, con especial atención a aquellas en situación de mayor vulnerabilidad
Expresa este compromiso en la respuesta a la pregunta que trasladó al Ejecutivo el PP en el Senado, en la que le pedía que aclarara si va a tener en cuenta la petición de la Fundación CermiI Mujeres (FCM) de que se incluya en la futura ley “las voces y perspectivas de las mujeres y niñas con discapacidad, ya que corren un mayor riesgo de explotación y pueden estar más expuestas a la trata de personas”.
Ante la pregunta que registraron los senadores del PP Violante Tomás, Francisco Bernabé, Juan María Vázquez y Miguel Lorenzo, el Gobierno señala que los trabajos para la redacción de una Ley Integral contra la Trata de Seres Humanos , con especial incidencia en la trata con fines de explotación sexual, tal y como se recoge en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y en el acuerdo de Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos, se han iniciado con el trámite de consulta pública.
Este trámite se desarrolló desde el pasado 19 de abril hasta el 23 de mayo para recabar la opinión de las personas y de las organizaciones más representativas, potencialmente afectadas por la futura norma,
El Ejecutivo añade que, una vez finalizado dicho periodo, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, como órgano promotor del proyecto normativo, procede a analizar las aportaciones recibidas, con vistas a la elaboración del texto del proyecto de ley y la Memoria de Análisis de Impacto Normativo.
En cuanto a la participación de la infancia y adolescencia en todos los planes e iniciativas legislativas que les afecten, relata que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 tiene “el firme compromiso” de crear unos cauces regulares para que esta participación se haga efectiva y recuerda que la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, recientemente aprobada, ha creado el Consejo Estatal de Participación de la Infancia y de la Adolescencia, “con el compromiso de desarrollarlo en seis meses desde la entrada en vigor de dicha ley”
