El Gobierno ha respondido al Defensor del Pueblo que tiene intención de regular legalmente, en lo que queda de Legislatura, el paso de las controversias judiciales en materia de autonomía personal y atención a la dependencia de la jurisdicción contencioso-administrativa a la social, tal como viene reclamando el sector de la discapacidad.
Así consta en una respuesta oficial del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 al Defensor del Pueblo, que había iniciado una investigación a raíz de una queja del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), entidad que denunció el incumplimiento de un mandato legal que obligaba a que este cambio de jurisdicción se produjera como límite máximo en el año 2014.
Ahora mismo los litigios que puedan surgir en relación con la Ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia son conocidos por la jurisdicción-contenciosa, más lenta, cara y formalista que la jurisdicción social, que es en la que tenía que estar residenciados, ya que es una materia netamente social.
Canalizar estas controversias por la vía de la jurisdicción social, a juicio del CERMI, permitiría una solución más rápida, barata y sencilla de estos casos, y favorecería que las personas que vean vulnerados sus derechos, reconocimientos y prestaciones por parte de las Administraciones autonómicas, pudieran obtener la tutela judicial para sus legítimas pretensiones.
