El director general de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Jesús Martín Blanco, pidió este jueves “un compromiso global con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas con discapacidad» y defendió “su derecho a formar una familia” si así lo desean.
Durante su intervención ante la XV Conferencia de Estados Parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas en Nueva York (EEUU), afirmó que ese compromiso ya lo ha asumido el Gobierno español, que “ha erradicado del ordenamiento jurídico las esterilizaciones forzosas, como una de las conculcaciones más graves contra los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad”.
Agregó que en España “próximamente se aprobará la nueva ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que considerará como formas de violencia la esterilización, la anticoncepción y el aborto forzados”.
Esta norma incorporará la accesibilidad universal “para asegurar que las mujeres con discapacidad tomen decisiones autónomas sobre su salud sexual y reproductiva”, prosiguió, así como una ley de familias para que las personas con discapacidad “cuenten con salvaguardas y apoyo para formar la suya”. En su opinión, “el mundo tiene una deuda con los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad”.
Por eso, “proponemos que la Conferencia de Estados Parte de la Convención de 2023 se dedique de manera monográfica a este asunto”, y reclamó “una Conferencia liderada por las mujeres, con las mujeres y para las mujeres con discapacidad”.
