La Fiscal de Sala del Tribunal Supremo para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores, María José Segarra; la catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Santiago de Compostela María Paz García Rubio; el secretario general del Consejo general de la ONCE, Rafael de Lorenzo, y el director de Asuntos Sociales de Fundación Aequitas, Federico Cabello de Alba, calificaron este miércoles de “hito histórico” la reforma de la legislación civil y procesal para los apoyos a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, aunque reclamaron “pedagogía y difusión” de la nueva normativa para “pasar de los derechos a los hechos”
Así lo afirmaron en el diálogo ‘Tras las reformas legales, las personas con discapacidad podrán tomar sus propias decisiones’, organizado por Servimedia junto a la Fundación Aequitas y moderado por el director de la agencia de noticias, José Manuel González Huesa.
Según de Lorenzo, “por ahora hay que pasar de los derechos a los hechos” para que “los beneficiarios de esta gran reforma”, es decir, las personas con discapacidad, “la disfruten realmente”.
La nueva norma, que supone una modificación de al menos ocho leyes, acaba con las incapacitaciones judiciales y, por tanto, con figuras como la tutela o la patria potestad prorrogada. En su lugar propone todo un sistema de apoyos individualizados y adaptados a las particularidades de cada persona, para que ésta pueda tomar sus decisiones de forma libre, autónoma a informada.
“Todo el sector de la discapacidad está muy satisfecho con la reforma”, afirmó de Lorenzo, y “estamos realmente dispuestos a volcarnos para que tenga éxito”. En esta línea, avanzó que estarán “vigilantes para verificar su correcta aplicación”, pues existe “el riesgo de caer en las inercias y seguir haciendo lo de siempre”.
Por eso, María José Segarra consideró que “hace falta mucha formación, pedagogía y difusión” para que el “nuevo espíritu de la ley realmente se implante”. En primer lugar, explicó, “supone un mandato increíble para operadores jurídicos (fiscales, notarios, jueces, etc.), que deberán pensar en una desjudicialización de las medidas de protección y en salvaguardar el deseo de las personas”.
“Es también necesario hacer pedagogía con las familias”, prosiguió, a fin de que “pierdan los miedos y dejen de considerar a estas personas menores de edad”.
CAERSE DEL CABALLO
Por su parte, García Rubio afirmó que “estamos ante una de las grandes reformas legales de nuestra historia”, que en su opinión “ha merecido muy poca atención por parte de la prensa”. En realidad, esta ley “afecta a mucho más de las ocho normas ya citadas, puesto que acaba con la distinción tradicional entre capacidad jurídica y capacidad de obrar”, señaló.
Supone la adaptación a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, firmada por España en 2008, cuyo artículo 12 establece la igualdad de todas las personas en cuanto a su capacidad jurídica. “Pues bien, a partir de ahora, esta igualdad de capacidad significa no solo ser titular de los derechos, sino tener capacidad plena para ejercitarlos”.
Por eso, ya no cabe “sustituir la voluntad de la persona”, recalcó, “sino proporcionarle apoyos y buscar medios para interpretar ésta”. Rubio comparó el cambio conceptual que la nueva norma implica con “la caída del caballo de San Pablo”.
“Juristas que se acercan por primera vez a la reforma tienen dos posturas opuestas. O consideran que no hemos hecho prácticamente nada y que todo seguirá igual, o piensan que hemos ido mucho más allá de lo que debíamos”. La clave, insistió, reside en que “ya no hay distinciones entre la capacidad de obrar y la titularidad de los derechos. Toda persona tiene las dos. Por eso se necesita pedagogía y difusión, para impedir un efecto Lampedusa y que todo siga igual”.
En este sentido, coincidió con Cabello de Alba en la necesidad de evitar un abuso de la curatela representativa, recurso que la ley ha dejado para “casos muy excepcionales”.
El directivo de Aequitas subrayó que “al modificar la manera de entender la protección de estas personas, se pone el punto de gravedad en la actuación notarial”, que a partir de ahora “se verá modificada en el día a día con la entrada en vigor de esta vasta reforma”.
Añadió que los notarios deberán «garantizar la autonomía de las personas, siempre con la salvaguardas debidas para asegurar que no se tergiversa su voluntad”, prosiguió, pero “esto es algo que sucede con el resto de ciudadanos”.
Además, insistió en la prioridad que la ley concede a los apoyos voluntarios, esto es, aquellos que la persona elige libremente, ya que el sistema de justicia solo deberá entrar a regularlos si la persona no ha manifestado su voluntad al respecto. Del mismo modo, la nueva figura del curador no puede asimilarse a la del antiguo tutor. “En este último caso, se quitaba de en medio a la persona afectada y el tutor tomaba todas las decisiones en su nombre”, y ahora se optará por decidir “caso a caso”.
EJEMPLO DE ÉXITO
Para Rafael de Lorenzo, “esta ley es un claro ejemplo de éxito de la sociedad organizada en torno al Cermi (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad )”.
“Este éxito pivota en torno a tres ejes”, apuntó. “El primero tiene que ver con el papel del Cermi, que propuso, persiguió e hizo todo lo que estaba a su alcance para acometer esta reforma, porque era un mandato de la Convención de Naciones Unidas”.
Destacó a continuación el “gran trabajo de la Comisión General de Codificación y de los dos gobiernos, del PP primero y de PSOE y Unidas Podemos después, iniciando y continuando una reforma tan ambiciosa”, siempre con consenso. Finalmente, alabó la labor de senadores y diputados, ya que “la reforma entrañaba una extraordinaria complejidad”. “Se han modificado ocho leyes y 249 artículos, manteniendo el consenso entre las fuerzas políticas”.
Por otro lado, resaltó que el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley el 7 de junio de 2020, que llegó a las cámaras en otoño. Allí “se produjeron una serie de tira y afloja en los que Cermi intervino para lograr acuerdos”, dijo. En abril fue aprobado en el Congreso, el 12 de mayo en el Senado y finalmente, el 20 del mismo mes, se ratificó en el Congreso”. “Un proyecto de ley de leyes como este, realizado en tres meses y medio, es realmente un hito”, subrayó de Lorenzo.
García Rubio se refirió a la necesidad de modificar las leyes de consentimiento médico, que precisarán “una modificación ad hoc» puesto que no quedan derogadas por esta ley y manejan un concepto de capacidad muy antiguo.
La fiscal Segarra apuntó a su vez la urgencia de empezar a aplicar cuanto antes la reforma, sin esperar ningún reglamento. Reconoció que se puede producir “un tapón” en el sistema judicial en lo que se refiere a la revisión de las incapacitaciones ya dictadas, para lo que la ley prevé un plazo de tres años, aunque establece que las peticiones particulares deberán resolverse en menos de 12 meses.
No obstante, aseguró que se intentará “hacer un trabajo lo más digno y riguroso posible” y que “en ningún momento se sustituirá tutela por curatela representativa para solventar el expediente”. «Analizaremos y revisaremos las necesidades de las personas y sus entornos familiares para ver qué apoyos se adaptan mejor”, afirmó. “El trabajo no acaba aquí. De hecho, empieza aquí. Estaremos vigilantes hasta que veamos que se aplica y generaliza siguiendo el espíritu de la ley, concluyó de Lorenzo.
