La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) así como la ONCE y diferentes expertos en materia de consumo y banca exigen a las entidades financieras una mejora de la atención directa que prestan a colectivos como el de las personas mayores, integrado en España por más de 9 millones de habitantes. Además, proponen la puesta en marcha de cajeros automáticos “más sencillos” o la recuperación de las cajas postales para facilitar el acceso a dinero en efectivo.

Así lo pusieron de manifiesto en el diálogo ‘Los mayores como consumidores’, organizado por la agencia de noticias Servimedia, tanto el presidente de la PMP, Ángel Rodríguez Castedo, como la vicepresidenta de la ONCE Imelda Fernández; la portavoz de Consumo del PSOE en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados, Marisol Sánchez Jódar; el presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios, Carlos Ballugera y el economista Julio Rodríguez.

Durante su intervención, Rodríguez Castedo reconoció que una de las “preocupaciones” del colectivo al que representa es lograr una atención directa y “personalizada” por parte de las oficinas bancarias tras el cierre “masivo” de sucursales en el marco de un proceso que ha afectado a más de la mitad de las alrededor de 43.000 que había hace una década y que, a su juicio, “tendría tendencia a continuar si no se para por parte del Ministerio de Economía”.

Con respecto a los cajeros automáticos, un “elemento” que juzga “clave” para el colectivo, exigió que sean “más sencillos y accesibles” por cuestión de “dignidad” no “solamente” de las personas mayores, dado que la problemática que representa su actual “complejidad”, unida a la deficiente atención personal que se presta en las oficinas, afecta también, a su entender, “a gente común y corriente, a ciudadanos normales”.

ACCESIBILIDAD

En la misma línea, la vicepresidenta de la ONCE advirtió de que la página web de una entidad financiera o el acceso a su aplicación móvil “tiene que ser sencillo, de fácil uso”. Por ello, juzgó “necesario” que la accesibilidad “esté siempre presente en todas las cuestiones y gestiones de la vida diaria”, convencida de que, de lo contrario, “lo que hacemos es dejar a ciudadanos atrás”, por lo que también ve “esencial” dicho trato presencial.

La vicepresidenta de la ONCE subrayó que esta organización trabaja con un colectivo de unas 70.500 personas mayores afiliadas, de ahí que, a su entender, todas sus acciones “tienen esa atención prioritaria y esencial para las personas mayores”. “La ONCE está absolutamente involucrada y comprometida a mejorar en ese trato, en esa atención y, sobre todo, en la accesibilidad universal para todos”, sentenció, consciente de que, si no se garantiza la accesibilidad, “en vez de hablar de una puerta de inclusión, estaremos hablando de una barrera, de una puerta de exclusión”.

En este sentido, la diputada socialista Marisol Sánchez Jódar hizo mención a iniciativas puestas en marcha por el Gobierno o en tramitación como el Proyecto de Ley de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, cuyos trámites están “bastante avanzados” y que se encuentra en fase de enmiendas en el Senado.

Su texto hace una “mención específica” al colectivo de personas mayores como “grupo objeto de especial protección” por ser “susceptible” de una “mayor vulnerabilidad” y, según detalló Sánchez Jódar, el proyecto también “va a dotar a la ley de ese concepto de vulnerabilidad más amplio para que, posteriormente, se pueda ir desarrollando sectorial y reglamentariamente”.

En este punto, calificó de “muy interesante” la enmienda relacionada con la mejora de la “legibilidad y accesibilidad de los contratos” que exige que por ley se amplíe el tamaño de la letra, entre otros aspectos, y otra para que el Gobierno desarrolle reglamentariamente un etiquetado con base en el alfabeto braille con el fin de que resulte “más accesible” también a las personas con discapacidad visual.

Asimismo, recordó que, de cara a este ejercicio, se ha “doblado” el presupuesto para las juntas de arbitraje, lo que, a su entender, supone una “apuesta directa” para que las reclamaciones de los consumidores “no tengan que acabar en un juzgado”.

PROTOCOLO

Por lo que se refiere a las entidades financieras en concreto, la diputada subrayó, además, que la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ya “urgió” hace unos días a los bancos a “revisar” el ‘Protocolo estratégico para reforzar el compromiso social y sostenible de la banca’ que, según su criterio, “se está incumpliendo” ya que, entre otros asuntos, aboga por “acercar los servicios financieros a la población más vulnerable”, con “especial mención” a las personas mayores y personas con discapacidad, a las que se compromete a ofrecer “un servicio financiero de calidad”.

Sánchez Jódar aventuró que dicha revisión va a “poner el foco de atención en la presencialidad” y añadió que, en paralelo, el Ministerio de Consumo está “trabajando” en una proposición no de ley que el Ministerio de Economía “quiere ampliar” y que, entre otras cosas, propone garantizar la atención presencial a los colectivos de personas mayores, así como de otros “susceptibles de vulnerabilidad” en sus relaciones de consumo “por su desfase generacional o por la falta de alfabetización digital” para evitar su “exclusión financiera”.

Por su parte, el economista Julio Rodríguez valoró como “muy importante ver qué es lo que va a salir de esta especie de plazo” que ha dado Economía a los bancos “para que propongan soluciones” y lamentó que dichas entidades “han dicho que, si se quiere que se preste algún servicio más, alguien tendrá que pagarlo”. “Es decir, no es una cosa que haya agradado a los bancos, ni mucho menos”, apostilló, para, a continuación, advertir de que el Estado mantiene todavía un 16% de CaixaBank “pero no se nota absolutamente en nada” desde el punto de vista de la experiencia de usuario.

ESTAFETA DE CORREOS

En otro orden de cosas, el experto lamentó que, en su momento, existía una Caja Postal de Ahorros que tenía una estafeta en cada oficina de Correos y resaltó que ahora existe un acuerdo de colaboración del Banco Santander con Correos, convencido de que el primero “ha estado hábil para que los carteros puedan hacer pagos”. Con todo, aseveró que, “lo que podría contribuir a paliar un poco esta situación es que volvieran a recrearse las antiguas estafetas que antes funcionaban y que no estaría de más recrear para mejorar la atención al cliente”, resolvió.

En el mismo sentido, Carlos Ballugera consideró que el hecho de que hubiera una caja postal en España “vendría a paliar o minimizar el problema” al que se enfrentan colectivos como el de mayores, si bien apostó por “impulsar” también “medidas de fondo” que, según su punto de vista, pasan por una “dotación adecuada de los servicios públicos de consumo”.

Fuente: https://www.servimedia.es/noticias/plataforma-mayores-expertos-consumo-piden-atencion-directa-cajeros-mas-sencillos-recuperar-cajas-postales/2826133

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