Las personas con discapacidad son altamente vulnerables a ser víctimas de cualquier tipo de exclusión social. La tasa de paro es mayor y la de pobreza también; lo que, según vienen alertando diversas organizaciones, es consecuencia –al menos en parte– del desigual acceso a la educación postobligatoria y, por tanto, al mundo laboral.

Ahora que se están reformulando todas las normativas educativas del país, el colectivo exige ser escuchado en sus peticiones de facilitar el acceso a los estudios a partir de los 16 años de edad, que son precisamente los que mayor tasa de abandono presentan.

Puesto que la Ley de Formación Profesional es una de las que todavía se está terminando de definir, es en la que están concentrando los esfuerzos para que se incluya en el articulado un aumento de los recursos destinados a las personas con discapacidad. 

«Seguimos reclamando que se tengan en cuenta todas las medidas que nosotros proponemos, medidas que perfectamente se pueden asumir por parte de la administración educativa», explica a 20minutos, José Luis Aedo, miembro de la comisión de Educación del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) En España, tres de cada diez españoles cursan estudios de Formación Profesional (FP), de los cuales tan solo el 1,5% son alumnos con algún tipo de discapacidad.

Teniendo en cuenta que, según datos de 2019, aproximadamente el 6% de la población total son personas con discapacidad, la brecha es evidente. El criterio general, cuentan fuentes del Ministerio de Educación a 20minutos, es «intentar que toda persona que tenga capacidades distintas se integre siempre en el sistema».

«Tanto en el plan de modernización como en el proyecto de ley se tienen en cuenta a estos colectivos de una manera especial», afirman, añadiendo que la atención a la discapacidad «no se contempla de forma específica, sino que aparece en aproximadamente una veintena de artículos del texto». 

Sin embargo, desde la secretaría general de Formación Profesional del Ministerio también apuntan a que la situación en esta rama es diferente a la que se da en la educación primaria o secundaria, precisamente por el carácter profesional de la FP, que exige un análisis más detallado de cada caso: «No hay ningún problema en adaptar espacios o modificar currículos, siempre y cuando el alumno pueda desempeñar la acción para la cual se da la titulación».

Lo que piden desde CERMI, básicamente, es la eliminación de los obstáculos a los que se encuentran muchos estudiantes con discapacidad a la hora de acceder a estos estudios o, de ya haber llegado hasta allí, evitar que acaben renunciando. De hecho, en el ‘Informe Olivenza 2017’ se indica que la tasa de «abandono precoz» de los estudios (18-24 años) es del 43%. Datos más recientes, de 2020, señalan que el 21% de la población con discapacidad no ha completado los estudios secundarios. 

«La causa de que haya todavía pocas personas matriculadas es que la falta de una educación inclusiva», denuncia Aedo, quien considera que «en la enseñanza obligatoria no se está favoreciendo la titulación de las personas con discapacidad para sentirse con garantías para acceder luego a la postobligatoria, es decir, a la FP». Lo que proponen para paliar con esta problemática son dos medidas concretas.

En primer lugar, dotar a los profesionales de la formación necesaria y suficiente para, o impulsar el paso a la educación postobligatoria o, en el caso del profesorado ya incorporado a la FP, para garantizar su formación efectiva. «En la enseñanza obligatoria sí que hay muchos recursos, pero en la postobligatoria no se cuenta con esos recursos, porque no se considera obligatorio por parte de las administraciones y no lo asumen con medidas que podrían facilitarlo”, asevera el miembro de CERMI. 

Otra de sus peticiones principales es que se «reserve» el 7% de las plazas de la Formación Profesional para el alumnado con necesidades especiales, y no el 5% como está planteado actualmente. «Si las plazas reservadas no se cubren en su totalidad durante el periodo de matriculación, deben mantenerse disponibles durante el curso para posibilitar incorporaciones posteriores», plantearon en el documento de posición ante la norma.

Desde el Ministerio explican que se trata de un asunto largo de tramitar que está todavía debatiéndose con los distintos agentes. Lo cierto es que en el Proyecto de Ley Orgánica aprobado por el Consejo de Ministros en septiembre ya se contempla en varios puntos, como por ejemplo en el currículo, la necesidad de prestar “especial atención” a las necesidades de aquellas personas que presenten una discapacidad.

De hecho, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha anunciado que destinará casi 170 millones de euros de los fondos europeos a políticas relacionadas con la discapacidad e iniciativas que «favorezcan y posibiliten la accesibilidad universal en distintas esferas de la vida pública como la cultura, la educación o el acceso a recursos sanitarios». «Nosotros venimos reclamando desde siempre que haya fondos específicos para discapacidad y sobre todo para entornos educativos, para eliminar las barreras tanto físicas como cognitivas. Pero si no hay educación, ni formación, ni empleo de calidad, difícilmente habrá igualdad. Si no hay recursos, la inclusión no es real», asevera Aedo.

Ya de cara a las empresas, otra petición de CERMI es que a la hora de ofertar prácticas, lo hagan con la “conciencia” para aceptar a una persona con discapacidad y contar con las “medidas suficientes”. La Formación Profesional supone una puerta importante de acceso hacia el mundo laboral, por ello también pretenden eliminar todos los obstáculos para las personas con discapacidad.

Y es que, según el Observatorio Estatal de Discapacidad, el 9,6% se encuentra en situación de pobreza severa en España (1,1% más que las personas que no sufren ninguna). Además, la tasa de paro de la población activa de este colectivo fue en 2019 la segunda más alta de Europa: del 23,9%, solo inferior al 23,6% de Lituania.

Cifra que se dispara considerablemente si se tiene en cuenta tan solo a los jóvenes de 16-24 años con discapacidad: 56,4%. «Trabajamos para que sean una parte más de la sociedad, sean autosuficientes, dependientes, y el empleo es la base de la dependencia. Si no pueden acceder a una FP que les capacite para el empleo, difícilmente podrán incorporarse en la sociedad con igualdad», concluye el miembro de la comisión de educación del CERMI.

Fuente: https://www.20minutos.es/noticia/4869382/0/personas-discapacidad-exigen-recursos-fp-igualdad/

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