Los servicios y puntos de recarga para vehículos eléctricos tendrán que ser accesibles para personas con discapacidad, según dispone el Real Decreto 184/2022, de 8 de marzo, por el que se regula la actividad de prestación de servicios de recarga energética de vehículos eléctricos, publicado hoy sábado en el Boletín Oficial del Estado.
La norma reglamentaria, que entra en vigor mañana, establece dentro de sus principios generales que “el servicio de recarga debe ser prestado en unas condiciones tales que se garantice la accesibilidad universal de las infraestructuras de puntos de recarga de vehículos eléctricos de acceso público, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.k) del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre”
Se acoge así normativamente la demanda que realizaba el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) el pasado mes de julio, mediante la que se instaba a la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio de Transición Ecológica y para el Reto Demográfico a regular las condiciones de accesibilidad universal en el diseño, implantación y ejecución de las llamadas coloquialmente “electrolineras”.
Para el CERMI, ante la expansión de estos puntos de abastecimiento energético para la flota de vehículos eléctricos e híbridos, cuyo incremento va a ser constante en los próximos años, hasta desplazar al automóvil tradicional de motor de combustión, resulta imprescindible que los espacios de recarga sean plenamente accesibles, para todo tipo de conductores, tanto personas con discapacidad como personas mayores.
Las “electrolineras” deben reunir condiciones de accesibilidad y de diseño para todas las personas, de modo que cualquier usuario de las mismas pueda utilizarlas de modo autónomo, cómodo y seguro, sin exclusión por razón de discapacidad o edad avanzada.
Este objetivo pasa por que las nuevas estaciones eléctricas sean accesibles, para lo cual es necesario contar con una normativa estatal, ahora inexistente, aplicable a todo el territorio, que establezca la exigibilidad de la accesibilidad universal de este servicio.
Para el CERMI, no cabe permitir que surjan nuevas instalaciones y servicios, como «las electrolineras», que en poco tiempo serán el paisaje familiar para todos los conductores, sin que estas sean accesibles.
