El nuevo delegado del CERMI para los derechos humanos y la Convención de la ONU, Gregorio Saravia, asegura que uno de los próximos objetivos que van a perseguir es ponerle fin a los tratamientos y los internamientos forzosos de las personas con discapacidad y garantizar que se respeten los derechos humanos.
Así lo destaca en una entrevista publicada en el número 440 del boletín ‘cermi.es semanal, en la que denuncia que las personas con discapacidad psicosocial “están invisibilizadas”, así como que los problemas de salud mental se vinculen con la presunción de riesgo o incluso de peligrosidad, justificando así restricciones a un derecho fundamental como es la libertad.
Para él, “solo desde el enfoque de los derechos humanos estaremos en condiciones de tratar con los problemas de salud mental”. “Se trata de poner de relieve la dignidad de las personas con trastornos mentales y desterrar prácticas que atentan contra sus derechos, tales como el internamiento forzoso o el tratamiento involuntario”, agrega.
En este sentido, sostiene que las cuestiones vinculadas a la salud mental “ya no pueden seguir ocultándose detrás de los muros de las instituciones que tienen una lógica carcelaria”.
Por otra parte, el boletín recoge también un reportaje que refleja la lentitud con la que avanza la accesibilidad en los municipios españoles, “un derecho crucial para las personas con discapacidad”. Una realidad que se expone a propósito del estudio realizado por Fundación ONCE ‘El observatorio de Accesibilidad Universal en los municipios de España’, que pone de relieve “los innumerables obstáculos” a los que se siguen teniendo que enfrentar las personas con discapacidad en sus desplazamientos.
Asimismo, la publicación incluye el encuentro mantenido entre una delegación del CERMI y el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, en el que se abordaron cuestiones relevantes para las personas con discapacidad en materia de empleo público y accesibilidad, y donde se reclamó la creación de una alianza entre el movimiento social de la discapacidad y este Ministerio para la captación de talento diverso para la Administración Pública y así fomentar el acceso al empleo público de personas con discapacidad.
Otro de los contenidos que recoge esta publicación es el informe elaborado por el CERMI en el que se analizan los contenidos de discapacidad de la nueva Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia, gracias a la acción propositiva del CERMI a lo largo de la tramitación de esta iniciativa.
También incluye la guía publicada por el CERMI en la que explica las medidas de acción positiva para promover el acceso al empleo de las personas con capacidad intelectual límite; o el documento de aportaciones elevado por el CERMI a la Comisión Europea sobre la Declaración de principios digitales: la vía europea para la sociedad digital de la UE, y en el que plantea que se declare como principios digitales la accesibilidad, la inclusión y la no discriminación de la diversidad social.
Por último, y entre otros contenidos, este número destaca la guía presentada por Fundación CERMI Mujeres (FCM) para el acceso a la salud y a la atención sanitaria de las mujeres y niñas con discapacidad, que tiene como objetivo servir como “herramienta útil” para mejorar su salud, así como plantear formas de cuidar y potenciar la salud en todos los ámbitos de la vida.
