Los “procesos de esterilización de incapaces” ─como se llamaba en el argot judicial a la esterilización forzosa de personas con discapacidad intelectual─ eran hasta hace un año una práctica tan legal como habitual en España. Sólo en 2020, los juzgados de primera instancia autorizaron 54 esterilizaciones forzosas, según datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a Newtral.es.
Es decir, un juez podía decidir la esterilización de una persona con discapacidad intelectual sin su consentimiento. Esta práctica solía tratarse de una ligadura de trompas en mujeres incapacitadas judicialmente ─ellas han sido la mayoría de víctimas, aunque también afecta a varones─ después de que un juez lo autorizara a petición de la familia o tutores legales.
Naciones Unidas llevaba años exigiendo a España que aboliera estas prácticas, pero el proceso era completamente legal y estaba amparado por el artículo 156 del Código Penal, que fue derogado formalmente el 18 de diciembre de 2020 después de una votación histórica en el Senado el 2 de diciembre de ese mismo año, coincidiendo con el Día Mundial de la Discapacidad.
Aunque este artículo ya fue modificado en 2015, hasta ese año rezaba que “no será punible la esterilización de persona incapacitada que adolezca de grave deficiencia psíquica”. Esto abría la puerta a que cualquier persona con discapacidad intelectual e incapacitada judicialmente pudiera ser esterilizada, no ya sin su consentimiento, sino tan siquiera siendo consciente del proceso al que se iba a someter.
La mencionada reforma de 2015 pretendía acabar con los procedimientos mediante jurisdicción voluntaria, pero siguió permitiendo las esterilizaciones acordadas por órganos judiciales. De hecho, entre ese año y 2020 los jueces autorizaron un total de 396 esterilizaciones forzosas de personas con discapacidad intelectual; en su gran mayoría, como insiste el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), eran mujeres.
En total hay registradas 1.144 resoluciones de esterilización forzosa en España en los últimos 13 años.
Loli, esterilizada con 40 años: “Perdí la menstruación, engordé y sufrí descalcificación de huesos”
Una de las más de mil personas con discapacidad esterilizadas forzosamente entre 2008 y 2020 en España es Loli Minaño, una mujer de 52 años que fue esterilizada cuando tenía cuarenta. “Me ingresaron en un psiquiátrico y, cuando se dieron cuenta de que estaba incapacitada legalmente, el psiquiatra y un abogado decidieron esterilizarme”, relató el pasado 2 de diciembre en un acto organizado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y asociaciones de la discapacidad.
“Hay muchos efectos secundarios y secuelas a raíz de eso [la esterilización]. Perdí la menstruación, empecé a engordar y sufrí descalcificación de huesos y otros muchos síntomas” explicó.
Cristina, esterilizada con 18 años: “Me dijeron que sería una irresponsable si transmitía a mis hijos lo mismo que tengo yo”
La historia de Cristina Paredero es diferente. Ella no fue incapacitada judicialmente, pero sí coaccionada por su familia para ser esterilizada cuando tenía 18 años, momento en que le dieron un diagnóstico de síndrome de Asperger, enmarcado en los trastornos del espectro del autismo (TEA).
“Mis padres siempre habían tenido una relación muy conservadora y sobreprotectora con el tema de la sexualidad”, relata a Newtral.es. Al enterarse de que tenía pareja, los padres de Cristina utilizaron la “manipulación y coacción”, según sus propias palabras, para que fuera esterilizada.
“Me dijeron que creían que lo mejor para mí era hacerme una ligadura de trompas. Me lo pintaron como si todo fueran ventajas. Tenía dolores menstruales y me decían que eso se me iba a regular”, explica.
Aunque ella no quería ser esterilizada, “lo que me convenció fue una frase que acabé repitiendo a lo largo de los años e interiorizando ese discurso como mío: me dijeron que sería una irresponsable si transmitía a mis hijos lo mismo que tengo yo, refiriéndose al Asperger”.
Y es que “mis padres siempre vieron el Asperger como una enfermedad que me hacía inferior. Mis padres habían dicho las palabras exactas para que yo estuviera aterrorizada con la idea de que mis hijos pasaran por lo mismo que yo. Cada vez que la gente me preguntaba por este tema, repetía: yo me he hecho una ligadura de trompas porque no quiero que mis hijos tengan lo mismo que yo”.
«Mis padres siempre vieron el Asperger como una enfermedad que me hacía inferior»
Cristina Paredero tiene ahora 28 años y es una de las activistas más destacadas en contra de la esterilización forzosa de las mujeres con discapacidad, además de promotora de un espacio autogestionado de chavales con TEA.
El pasado mes de septiembre, Cristina recibió el Premio Nacional de Juventud concedido por el Injuve en la categoría de derechos humanos, que está dotado con 5.000 euros. Utilizará el dinero del premio para pagar la fianza de un piso de alquiler al que se va a vivir con su actual pareja, con quien querría tener la posibilidad de criar hijos.
Un tratado internacional obligaba a España a erradicar la esterilización forzosa desde 2008
El 18 de diciembre de 2020 entró en vigor la ilegalización de esta práctica y, desde entonces, ningún juez ha podido autorizar la esterilización forzosa de personas con discapacidad intelectual. De hecho, una esterilización que quedó pendiente de ser autorizada el año pasado tuvo que resultar sin efecto y no se ha llevado a cabo.
Sin embargo, España llegó doce años tarde. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene rango de tratado internacional y a la que España está sujeta desde 2008, impide claramente las esterilizaciones forzosas.
El Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas llevaba desde 2011 instando a España a que ilegalizara esta práctica, pero desoyó esta recomendación en reiteradas ocasiones.
El propio Boletín Oficial del Estado (BOE) reconoce que España incumplió sistemáticamente este tratado internacional, como se puede leer en el preámbulo correspondiente a la modificación del Código Penal para ilegalizar las esterilizaciones forzosas.
“Debido a esta inacción de las sucesivas Administraciones, de la necesidad de mejorar la protección de los derechos de las niñas y mujeres con discapacidad y de defender derechos básicos de las personas con discapacidad, es preciso que la esterilización forzosa o no consentida deje de practicarse en España”, recogió el BOE del 17 de diciembre de 2020.
España, ante la esterilización forzosa: “Ha habido una política de mutilación del cuerpo de las mujeres con discapacidad”
Entre 2008 y hasta su ilegalización en 2020, los jueces españoles autorizaron un total de 1.144 esterilizaciones forzosas contra personas con discapacidad intelectual sin su consentimiento, en su gran mayoría mujeres, como recogen los datos del CGPJ.
“En este país ha habido una política de mutilación del cuerpo de las personas con discapacidad y, sobre todo, de las mujeres con discapacidad intelectual”, asegura Isabel Caballero, jurista y coordinadora de la Fundación Cermi-Mujeres, en declaraciones a Newtral.es. “Hay mujeres que pensaban que se les iba a operar de apendicitis y en realidad se las estaba esterilizando”, advierte.
«Hay mujeres que pensaban que se les iba a operar de apendicitis y salían esterilizadas»
La Fundación Cermi-Mujeres incluso tiene constancia de residencias de personas con discapacidad que recomendaban a las familias que esterilizaran a los internos para evitar posibles embarazos.
“Era una directriz no escrita y se aconsejaba que las mujeres estuvieran esterilizadas como una forma de evitar problemas. En el fondo, eso las hacía más vulnerables porque podían ser objetivo prioritario de violencia sexual; precisamente, por el hecho de no poder quedar embarazadas”, critica Caballero.
El Gobierno: “Perdón. Esto nunca va a volver a pasar en nuestro país”
El pasado 2 de diciembre 2021, coincidiendo con el Día Internacional de la Discapacidad y aniversario de la votación del Senado que ilegalizó las esterilizaciones forzosas en España, el Gobierno organizó un acto en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para pedir perdón a las víctimas de esta práctica.
“En mi nombre y en nombre del Gobierno de España, quiero pediros perdón”, dijo la ministra Ione Belarra (Unidas Podemos), que describió el evento como “un reconocimiento público a las mujeres con discapacidad que habéis sido víctimas de esterilizaciones forzadas, una gravísima vulneración de derechos humanos que no cesó en nuestro país hasta diciembre de 2020 y que se ha permitido durante demasiado tiempo”.
El actual director general de Derechos de las Personas con Discapacidad del Gobierno, Jesús Martín Blanco, criticó que la esterilización forzosa en España respondía a un “capacitismo” por el que “se podría esterilizar a mujeres incapacitadas judicialmente, invadiendo sus cuerpos como si no fueran suyos”. Según el Gobierno, “esto nunca va a volver a pasar en nuestro país”.
