Un informe del Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces-Barba de la Universidad Carlos III de Madrid subraya varios aspectos «anacrónicos» y contrarios a los estándares internacionales sobre derechos de las personas con discapacidad en la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.
El trabajo ha sido elaborado por la Clínica Jurídica de Derechos Humanos Javier Romañach a petición del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), para hacer balance de los 15 años de aplicación de dicha norma en el Derecho español.
Según sus conclusiones, la ley utiliza un enfoque «alejado del modelo social de discapacidad» a la hora de determinar la situación de dependencia, puesto que se ocupa solo de factores personales, sin considerar la importancia del entorno, y emplea «un enfoque anacrónico basado en el modelo médico rehabilitador» a la hora de establecer los grados de discapacidad.
Del mismo modo, critica que la norma se aparta de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en su artículo 19 propugna el derecho a la vida independiente, ya que el sistema de servicios y prestaciones que establece resulta «demasiado asistencialista».
Indica también que carece de una perspectiva de género adecuada, pues ignora la presencia mucho mayor de las mujeres entre las personas dependientes y obvia por completo la realidad de aquellas mujeres con discapacidad que son cuidadoras.
Finalmente, señala que la ley apenas se ocupa de las personas con discapacidad que viven en instituciones y, según el informe, debe adaptarse a la modificación del Código Civil aprobada en junio de 2021 que puso fin a la incapacitación jurídica de las personas con discapcidad.
Por último, la investigación critica la falta de «equidad» del sistema de prestaciones y pide mayor implicación del Estado.
